lunes, 28 de julio de 2008

La huelga de Roca 1976



La lucha de los trabajadores de Roca Radiadores S.A. de Gavá, en la comarca barcelonesa del Baix Llobregat, está considerada como una de las más significativas de los años de la transición en España, no tanto por la dureza de conflicto, 4700 obreros en huelga durante 95 días, que la convierten en una de las más intensas de la transición democrática, sino, sobre todo, debido al elevado nivel de autoorganización alcanzado a partir del rechazo del sindicato vertical y con la asamblea como vehículo de la democracia directa. Además, la huelga aparece como nota discordante en uno de los momentos clave de la transición: por una parte, implica una ruptura con los planes del gobierno en lo tocante a las medidas económicas, que suponían que los trabajadores debían cargar con el peso de la crisis y de la reestructuración capitalista; por otra, discurre en sentido opuesto al pacto social y político que se gestaba y que tendrá en el reformismo obrero uno de sus principales aliados.
Alguno de los elementos más destacados del proceso de autoorganización de los trabajadores de Roca son: centralidad de la asamblea como espacio colectivo para la toma de decisiones durante el conflicto y lucha por el reconocimiento de aquella como órgano de representación de los trabajadores ante la patronal y la Magistratura; creación de comisiones y comités de apoyo para la difusión y mantenimiento de la huelga que tuvieron que hacer frente a las maniobras de aislamiento político promovidas por la patronal, los medios de comunicación y las principales centrales sindicales (especialmente CCOO), así como a la represión policial y de la extrema derecha; finalmente, destacan la radicalidad de las prácticas, uno de cuyos ejemplos más relevante fue la acción de parar los hornos, como muestra de la irreconciabilidad de los intereses del capital y el trabajo.
Cabe resaltar también el nexo mantenido a través de las asambleas con otras luchas autónomas de mediados de los 70, como la del Puerto de Barcelona o la de las empresas Numax, Descasa y Cetesa. La repercusión de la huelga y su extensión fueron decisivas para la resolución de algunos de estos conflictos. Según algunas fuentes, en el caso de los portuarios, se habría llegado a un acuerdo para evitar el "peligro" de extensión de unas luchas que escapaban al control del sindicalismo reformista, habida cuenta que eran autónomas, la asamblea podía revocar a los delegados y con vínculos con trabajadores de distintas empresas. La lucha de Roca coincidió también con las huelgas surgidas en trono a los convenios colectivos de Gas Natural y de la banca privada.
La comarca del Baix Llobregat, a la que pertenecen los núcleos urbanos de Gavá, Cornellá, Viladecans, Sant Boi, El Prat de Llobregat, Sant Feliu y Molins de Rei es eminentemente industrial y posee una larga experiencia de conflictos entre los que destaca la huelga generalizada de 1973 en solidaridad con los despedidos de la empresa Elsa. En aquellos años, el PSUC está presente en todas las fábricas, en los pequeños talleres y en los barrios; dominaba el Sindicato Comarcal de Cornellá; además, las CCOO habían dejado de ser "organización de clase" para dedicarse a copar cargos. A mediados de los 70, ocupan la presidencia y demás cargos en casi la totalidad de los ramos de la comarca. Es importante tener en cuenta este hecho, puesto que la huelga de Roca transcurrió en un territorio donde imperaba el reformismo, como ya se había demostrado en la huelga que estalló en la comarca en 1975, tras el despido de un obrero de Laforsa.
La empresa Roca, dedicada a la producción de material sanitario, grifería, radiadores, calderas para calefacción y acondicionadores de aire, era a mediados de los 70 la primera firma exportadora en su ramo y, en el momento de la huelga, contaba con un capital de mil doscientos millones de pesetas; sus accionistas principales eran Antonio Roca Portet, José Roca Portet y Vilaseca Marcet, abogado del Estado y propietario, junto a Jordi Pujol, de la mayoría de acciones de El Correo Catalán.
La American Standard contaba con un 20% del capital de la empresa. El denominado "complejo Roca" poseía fábricas en Gavá, Sabadell, Alcalá de Henares y Alcalá de Guadaira. La fábrica de Gavá, con una plantilla de 4700 trabajadores, era la segunda en importancia de Catalunya, tras SEAT, y la más importante del "complejo Roca". La historia de la empresa está muy marcada por las dinastías y, desde sus orígenes, es el núcleo industrial más importante de la zona de Gavá y Viladecans, pueblos fundamentalmente agrícolas.
Las fábricas de Roca se caracterizaban por tener unas condiciones laborales pésimas: la mayoría de los trabajadores contraían silicosis a los 35 y 40 años de edad, afecciones renales y desviaciones de columna; y por el despotismo de la dirección y de los mandos intermedios, cuyo lema era: "disciplina, disciplina, disciplina, producción, producción, producción, producción". A todo ello los trabajadores respondieron "más y más salario", poniendo en entredicho lo más sagrado de la propiedad y la explotación capitalista: la autoridad y la arbitrariedad patronal.
Los primeros intentos de organización obrera en las fábricas de Roca se remontan al bienio 1965-1966, años en que se empiezan a formar unas CCOO a partir de militantes del PSUC, independientes y del Solidaridad Obrera de Cataluña (SOC), que pasarán a ocupar casi todos los cargos sindicales. Más tarde, en 1968 y, posteriormente, en 1971, tienen lugar los primeros despidos, que provocan el desencadenamiento de las huelgas ocurridas éste último año, antecedente claro del conflicto de 1976.

Cronología del conflicto
El precedente más inmediato, sin embargo, es la huelga de los 41 días por motivos fundamentalmente económicos que transcurrió entre los meses de febrero y abril de 1976, y que sirvió para extraer dos importantes enseñanzas: la ineficacia del sindicato vertical (CNS) a la hora de defender a los trabajadores (la mayoría de los cargos sindicales no quisieron ponerse al frente de la huelga) y la necesidad de buscar formas alternativas de organización que surgieran de ellos mismos. Durante la huelga los trabajadores decidieron llevar el convenio al laudo pero los cargos sindicales, tras una votación secreta, impusieron prórroga de aquel. A partir de ese momento los trabajadores deciden que no se tomará ninguna decisión más mediante voto secreto.
Dos meses después de finalizada esta huelga, en junio, se inició un proceso de elección de representantes por secciones a mano alzada y en asamblea de la que salieron 43 delegados revocables que a su vez eligieron un comité de 15 trabajadores para impulsar una plataforma reivindicativa a partir de la discusión por secciones. No existía límite en la elección de delegados por secciones ni había candidatos y se realizaban dos asambleas diarias, una después del turno de mañana, y otra después del de tarde; el nombramiento se hacía a mano alzada y era refrendado por una asamblea mayoritaria. Con anterioridad se había propuesto que todos los cargos sindicales de la CNS dimitieran, a lo que algunos en principio se niegan, aunque finalmente en septiembre se logrará. El día 27 de este mismo mes se efectuó un paro de 24 horas para exigir el reconocimiento de los delegados elegidos en asamblea, considerados como los únicos representantes válidos, medida que obligará a la dirección a reconocerla legitimidad de la comisión de 5 delegados encargada de la negociación del convenio. En octubre eran ya 60 los delegados elegidos, quedando de este modo todas las secciones de la fábrica representadas en la asamblea. La dinámica de autoorganización quedó plasmada en el "Proyecto de bases para la construcción de una sección sindical uniteria", documento que fue discutido por todas los trabajadores y aprobado por las secciones.
El 4 de octubre se inicia la tanda de deliberaciones para la firma del convenio en la que los trabajadores presentan una plataforma de 33 puntos, que contiene ya elementos de carácter políticos tales como amnistía laboral, derecho a la asamblea y a un sindicato de clase, así como reivindicaciones de tipo económico para contrarrestar el incremento del coste de la vida y la congelación salarial, en las que se da un reconocimiento implícito de la impronta del trabajo industrial sobre la vida social, al exigir a la patronal una cobertura en forma de salario indirecto mediante economatos, escolarización, ayudas familiares, etc... La respuesta patronal es ofrecer solamente un aumento quincenal de 1.400 pesetas. La asamblea decide reducir a 24 puntos la plataforma, pero ante la negativa de la patronal a modificar su actitud decide parar el día 28 de octubre. El 5 de noviembre la empresa sanciona a un delegado con 7 días de suspensión de empleo y sueldo; al día siguiente los trabajadores responden a esta primera represalia con un nuevo paro de 24 horas. El 8 de noviembre la patronal, escudándose en la suspensión temporal del artículo 35 de la Ley de Relaciones Laborales que obligaba a la readmisión, despide a un delegado, miembro de la comisión negociadora, acusado de incitar al paro de los días 27 y 28 de octubre. La reacción de los obreros consiste en paralizar totalmente la fábrica (includas las secciones de hornos, mantenimiento y oficinas) y reunirse en asamblea. Acto seguido, una delegación de trabajadores se entrevista con el directo de Roca, García Bou, que informa de la existencia de una lista de despidos y sanciones. Al parecer quería iniciar un proceso de reestructuración que afectaría a 1.500 trabajadores, entre ellos los enfermos de silicosis, los delegados y los obreros más combativos. Al día siguiente se realiza una asamblea masiva, donde se informa de esta reunión, en la que deciden iniciar una huelga indefinida hasta que la patronal retire la sanción impuesta al delegado y traspasar las funciones del comité de los 15 a la asamblea de delegados que se convierte en permanente. Ese mismo día la Guardia Civil desaloja violentamente la fábrica, y el día 10, a las 6 de la mañana, disuelve la asamblea que había sido convocada. A lo largo de todo el día se producen en el poblado de Roca violentos enfrentamientos entre obreros y fuerzas represivas que utilizan balas de plomo y efectán 8 detenciones. La empresa comunica a los trabajadores la suspensión de empleo y sueldo desde el día 9 hasta el 14 de noviembre. El 12, tiene lugar una jornada de huelga de ámbito estatal convocada por la Coordinadora de Organizaciones Sindicales (COS). Se producen nuevamente enfrentamientos en el poblado de Roca; la Guardia Civil dispara sobre las casas de los huelguistas y practica 40 detenciones (28 de los detenidos serán puestos en libertad a las pocas horas y 12 pasarán a jurisdicción militar). El 13, la dirección despide a 44 delegados basándose en los siguientes cargos: participación en la huelga de los días 8 y 9; actuación violenta y coactiva; promover y dirigir asambleas ilegales. Simultáneamente, los trabajadores intentan abrir una vía de negociación a través del arzobispo, iniciativa que posibilita que el delegado provincial de la CNS autorice una asamblea (de unas 95 asambleas sólo 3 fueron autorizadas) para la elección de una comisión que debía entrevistarse con el gobernador civil y con el delegado provincial para negociar despidos y sanciones. La elección tenía que realizarse mediante voto secreto e incluir a miembros de la COS, pero al no respetar los trabajadores dichas condiciones (en la comisión elegida figuraban 9 despedidos y se realizó a mano alzada) la organización sindical se niega a reconocerla. La decisión de impedir cualquier manipulación que cuestione la autoorganización obrera queda patente en el manifiesto del 23 de noviembre en el que se afirma:
"El delegado provincial y el gobernador pretendían que los trabajadores eligiésemos una comisión de 10 representantes bajo voto secreto. Según ellos, en esta comisión debían estar incluidas algunas centrales sindicales, las cuales no dejan de criticar constantemente nuestro movimiento y métodos de lucha. Esta comisión, por tanto, sería algo que estaría por encima de los trabajadores, con lo cuál crearían un órgano totalmente burocrático, eliminando así la dinámica de la autoorganización y a los delegados. Por otra parte, el voto secreto acabaría de dar el toque final al método de elección democrática y revocable en todo momento por nuestras asambleas (...) lo cuál supondría la eliminación del proyecto de estructura sindical que los trabajadores de Roca estamos impulsando (...)."
El 15 de noviembre la empresa abre de nuevo la factoría, pero la Asamblea ratifica la decisión de no reincorporarse al trabajo; razones no falta: si el paro fue por un compañero despedido, la situación actual era de 46 despedidos, 1.100 trabajadores sancionados y 8 detenidos. El mismo día son puestos en libertad 4 de los 12 detenidos. La consigna es "O todos o ninguno". El 18 la patronal decreta el cierre de la factoría, después de amenazar al personal de hornos para que se reincorpore al trabajo y de negarse a aceptar las condiciones impuestas por la Asamblea de readmisión de los despedidos y retirada de las sanciones. Entre el 18 y el 20 se intentará crear una comisión comarcal mediadora compuesta por distintos miembros de las centrales sindicales del Baix Llobregat que, aceptada por el gobernador civil de Barcelona y por las autoridades sindicales, estaría compuesta por 6 representantes de la comarca y 4 delegados de Roca. La Asamblea rechazará esta propuesta el 2 de diciembre tras las reunión mantenida con la dirección de Roca. El 22 de noviembre, se reúnen en sindicatos de Barcelona dos miembros de la dirección de Roca y varios representantes de CCOO, CNT, UGT y USO que proponen la apertura de un diálogo entre empresa y trabajadores, a lo que la empresa responde: "primero trabajar, después dialogar" e insiste en el criterio de elección de representantes mediante voto secreto. El 24 Roca paga lo que adeudaba a los trabajadores, al parecer con la intención de romper la huelga, pero su intento fracasa. El 26 la Asamblea decide que los delegados no irán a Sindicatos de Barcelona si no hay notificación por escrito. Entre tanto, en la fábrica de Alcalá de Henares se mantiene la huelga, a pesar de que 700 de los 1700 trabajadores reanudan la actividad laboral. El 1 de diciembre, en una entrevista mantenida en el Ministerio de Trabajo, la empresa rechaza firmar un convenio por dos años en el que se recogen parte de las reivindaciones de la plataforma y la readmisión de los despedidos, aunque acepta posibles sanciones. Son puestos en libertad 4 de los 8 detenidos. En la Asamblea del día 2 se aprueba la propuesta de la comisión negociadora de ir al laudo. El 4 de diciembre los trabajadores reciben una carte de la empresa en la que se les conmina a reincorporarse al trabajo el día 6. Al no producirse ésta, ese mismo día la Guardia Civil realiza diversas cargas contra los trabajadores y practica 8 detenciones. Los detenidos serán puestos en libertad horas más tarde y, posteriormente, lo serán los 4 detenidos en noviembre. El día 14, 37 trabajadores de Roca se encierran en la catedral de Barcelona. El día 16 de diciembre se conoce la resolución del laudo que incluye un aumento salarial irrisorio. El 22, delegados de Roca asisten en los locales de Sindicatos a una reunión con representantes de los sindicatos y de la empresa, donde nuevamente ésta se muestra reacia al diálogo si no se produce la reincorporación inmediata al trabajo. El 28, la Guardia Civil detiene a tres delegados; al día siguiente las centrales sindicales solicitan realizar el día 4 una manifestación de apoyo a la huelga de Roca en Cornellá. Mientras tanto, la empresa oferta 25000 pesetas por año trabajado, no menos de 200.000 por despido improcedente y carnet del paro. Los trabajadores no aceptan y comienza el juicio, en torno al cuál se han montado medidas de seguridad excepcionales. Quedan en libertad los dos detenidos del día anterior.
El 4 de enero tiene lugar la manifestación para respaldar a los obreros de Roca, convocada por las centrales sindicales (USO, CCOO, UGT y CNT), que da lugar a uno de los enfrentamientos más violentos ocurridos en Cornellá. El gobernador civil había denegado el permiso, a raíz de lo cual varios representantes de sindicatos se reunieron con delegados de Roca para pedir su desconvocatoria, a lo que se respondió que tenían que ser los propios concentrados los que lo decidieran. Por último, excepto CNT, que apoyó la huelga desde los primeros días, todos los demás sindicatos desconvocaron la manifestación sin consultar a los trabajadores. Por otra parte, los colectivos libertarios de Sant Andreu, Polígono Porta, Gracia y Poble Sec, el grupo Mujeres Libres, Socorro Popular Francés y varias emisoras de radio organizan una fiesta infantil para los hijos de los trabajadores en lucha. El 12 la Guardia Civil detiene a diez trabajadores que hacían guardia frente a las casas de algunos delegados que habían sido objeto de atentados cometidos por comandos parapoliciales de la extrema derecha. Inmediatamente se realiza una marcha hacia el cuartel de la Guardia Civil para exigir la libertad de los compañeros; y otra, esa misma tarde, hacia el Ayuntamiento para exigir una entrevista con el alcalde. Las fuerzas del orden intervienen causando numerosos heridos entre los trabajadores. El 20 empiezan las jornadas previstas de solidaridad con Roca. Se forman varios grupos de trabajadores para explicar y difundir la huelga. Se han editado más de 100.000 hojas explicativas, 70.000 pegatinas y 1.5000 carteles. Durante esta jornada son detenidos siete militantes de la CNT. El día 22 tiene lugar en Magistratura de Trabajo la vista en la que se pide la readmisión de 35 de los 46 obreros despedidos. El juicio se aplaza hasta el 29 porque los trabajadores se niegan a aceptar las propuestas de la empresa sin una resolución por parte de la Asamblea. Este aplazamiento es uno de los mayores logros políticos de la lucha de Roca, puesto que implica el reconocimiento de la Asamblea como órgano decisorio (contrapoder) y obliga al magistrado a solicitar al gobernador la autorización de una asamblea que tendrá lugar el 25 en el Polideportivo de Viladecans. Asisten a dicha Asamblea, en la que se discute cómo abordar el juicio del día 29, 3.500 trabajadores de Roca, representantes de varios sindicatos y un gran número de invitados. La Asamblea vota masivamente la continuidad de la huelga, la no aceptación de chantajes económicos y que los delegados se presenten al juicio. El 29 de enero tiene lugar la vista emn Magistratura, pero el testigo principal, Sánchez Pajares, no puede asistir debido a su arresto la noche anterior por la Guardia Civil que lo retiene por encima de las 72 horas legales.
El 1 de febrero Magistratura dicta sentencia favorable a los trabajadores que obliga a la empresa a readmitir a los 35 despedidos. En la sentencia se estima que si bien todos los demandados habían tomado parte en los paros y asambleas, no se podía demostrar que hubieran tenido mayor participación que el resto de los trabajadores y, por consiguiente, no cabía aplicarles una sentencia mayor que a éstos. También se reconoce que la empresa los despidió únicamente por su condición de delegados, con lo que los despidos fueron declarados improcedentes; además, se consideró que el paro de los hornos había sido ordenado por técnicos de la empresa y llevado a cabo incorrectamente. Esta sentencia, aunque las medidas gubernamentales en favor del despido libre consiguen reducirla a un acto puramente testimonial, servirá para desmontar las campañas difamatorias promovidas por la patronal y por los dirigentes de las centrales sindicales (especialmente USO y CCOO) y difundidas por los medios de comunicación. En la madrugada del mismo día, un comando parapolicial de extrema derecha autodenomiando "Alianza Apostólica Anticomunista" atenta contra la vida de tres trabajadores, que montan guardia ante los domicilios de algunos delegados en el Poblado de Roca, dejándolos tendidos en el suelo al creer que estaban muertos.
El día 2 se celebra en la montaña una asamblea que apreba la redacción de "Roca en Lucha nº4", en el que se describe la escalada represiva que sufren desde el 12 de enero, y se hace un llamamiento a la solidaridad activa y a la convocatoria de una huelga general en el Baix Llobregat los días 15 y 16. Sánchez Pajares es puesto en libertad. El 4 la empresa recurre la sentencia al Tribunal Central de Trabajo. En aquellas fechas aparece publicado en la prensa que el paquete de acciones en manos de la American Standard había sido vendido a dos grupos bancarios locales: el Banco Atlántico, controlado por Rumasa (150.000 acciones, el 7% del capital), y Catalana-Banco Industrial (7%). El 6% restante es reabsorbido por el grupo familiar Roca que controla la mayoría del capital.
El 9 Roca amenaza con más despidos si en 24 horas no hay una reincorporación al trabajo. A las cinco de la tarde se celebra una Asamblea en el Pabellón Polideportivo de Viladecans a la que asisten 3.500 trabajadores y en la que se defienden dos posturas. Una, que propugna el regreso a la fábrica en las condiciones que la empresa había ofrecido a la última comisión de delegados, al valorar la necesidad de mantener la unidad de los trabajadores y el prestigio de la Asamblea, después de tres meses de lucha durísima; y otra, que defiende la necesidad de continuar la huelga mientras la patronal no diese garantías de estabilidad en los puestos de trabajo y no cesaran las represalias. La Asamblea apoyó de forma masiva esta segunda postura.
El día 10 se celebraba otra Asamblea en el descampado con la asistencia de 2.500 trabajadores, en la que se acuerda el regreso al trabajo, para evitar una "motoriberización" (en referencia al conflicto de la fábrica Motor Ibérica) del conflicto y la posibilidad de división por el cansancio acumulado y ante la imposibilidad de que se produjera una huelga general en la comarca. Se discuten también las condiciones de vuelta al trabjao y la necesidad de continuar la lucha en el interior de la fábrica en condiciones más favorables.
Por último, el día 11, tras una Asamblea en las proximidades de la factoría en la que participan más de 4.000 trabajadores, se realiza una marcha sobre Roca al grito de la huelga finaliza, la lucha continúa. La marcha estaba encabezada por los delegados despedidos y numerosos familiares que se quedan en la puerta de la fábrica. Aquella mañana no hubo ningún trabajador que cumpliera con el cotidiano rito de fichar. La primera tarea que se propusieron los trabajadores reincorporados fue sustituir a los delegados represaliados.

El proceso auto-organizativo: la asamblea, las comisiones y los comités de apoyo
Durante los 95 días que duró la huelga, los trabajadores de Roca organizaron la lucha a través de Asambleas diarias. La asistencia media oscilaba entre los 2500 y los 3500 miembros, con excepciónn de aquellas que por la represión se tenían que hacer en la montaña y a las que asistían entre 300 y 1000 personas. El principio organizativo fue siempre la unidad de todos los trabajadores de la factoría; tenían cabida todas las tendencias y opiniones existentes en la fábrica; la base organizativa fue la asamblea tanto en la elección de representantes como en la toma de decisiones relativas a la lucha. Bajo el control de la asamblea se crearon diversas comisiones formadas por trabajadores de Roca. Estas comisiones fueron las encargadas de difundir la lucha en fábricas y barrios; posibilitaron el mantenimiento de la huelga al crear mecanismos de solidaridad económica, es decir, una caja de resistencia que una comisión específica, previa elaboración de informes para evitar desigualdades en el reparto, distribuía entre los obreros más necesitados. Se creó también una comisión de prensa e información sobre el desarrollo del conflicto que analizaba las expectativas de la lucha que luego eran debatidas en asamblea; y una comisión de organización interna encargada de llevar la agenda de reuniones y entrevistas. Las comisiones tenían además una función implícita consistente en evitar que el comité de huelga centralizara toda la información. Las mujeres jugaron sin duda un papel crucial en las comisiones, en la extensión de la huelga y en la creación de la caja de resistencia; participaron en las asambleas y en las manifestaciones; formaron parte de los grupos que rodeaban la fábrica por la mañana para evitar la entrada de esquiroles, y que hacían guardia frente a las casas de los delegados durante la noche para evitar posibles atentados.
Por otra parte, a principios de diciembre se formaron comités de apoyo para, sobre todo, romper el cerco informativo establecido por la prensa y por los sindicatos. Estos comités estuvieron formados inicialmente por mucha gente, en su mayoría ajena a la fábrica, pero pronto aquellos que pertenecían a partidos y sindicatos los abandonaron al ver que había poco lugar para el maniobreo político (algunos querían constituir sobre su base una mesa de partidos). Entre los diversos comités que apoyaron la huelga destacan los de prensa y sanidad, formados por delegados de Roca y por obreros de sectores que se solidarizaron con la lucha. En el caso del comité de sanidad, éste surgió por la necesidad de cubrir la asistencia médica (hospitalización, intervenciones quirúrgicas, etc.) ante el aviso de la seguridad socia, a los 3 meses de huelga, del fin de sus servicios. Dos delegados de Roca mantuvieron una reunión en el Colegio de Médicos y a continuación se formó el comité de apoyo sanitario basado en la solidaridad activa y horizontal.

Contexto Político
El análisis del contexto político general del país en los últimos meses del año 76 muestra hasta que punto la huelga de Roca Radiadores constituía un factor de disidencia en el clima pactista existente entre las principales fuerzas políticas del momento. En aquel periodo, dada la incapacidad del régimen para gestionar un plan de reforma del capital, el gobierno de Suárez inicia una serie de contactos con los partidos de la opisición democrática con objeto de desarrollar fórmulas que hicieran posible un pacto político y social para la reforma. Comienza así un proceso para recolocar las piezas en el tablero que las opciones electoralistas prefiguran y que supone: de un lado, la liquidación de las plataformas unitarias de oposición precedentes, caso del Cosell de Forces Polítiques y la Asamblea de Catalunya; y de otro, la aparición de cónclaves de líderes opositores como la Comisión de los Nueve.
Partidos de izquierda y sindicatos ven en estos acercamientos no sólo la posibilidad de obtener garantías legales para su existencia, sino también de poder capitalizar en beneficio propio las posiciones ganadas en las luchas de los años precedentes, al aparecer éstos como los únicos interlocutores válidos del movimiento obrero ante el gobierno. Los sindicatos, coordinados a través de las COS, tenían la posibilidad de generar movilizaciones masivas para refrendar las posiciones de fuerza y legitimidad de los partidos cara a las negociaciones con el gobierno. Es por ello que la consigna que circula en la mayor parte de las organizaciones sindicales es la de acaparar los puestos de representación de los trabajadores y supeditar las luchas y reivindicaciones a consideraciones de estrategia de partido. Cuestiones como la no readmisión (despido libre) o la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores por las medidas económicas del gobierno son aplazadas por los sindicatos en pro del pacto político. En este marco se desarrolla la jornada de huelga del 12 de Noviembre, más como ensayo de movilización y disciplina sindical de la clase obrera que como jornada de lucha reivindicativa.
La lucha de Roca, con su organización asamblearia, al impugnar los enlaces sindicales por la incompetencia demostrada para defender los intereses de los trabajadores, representaba un peligro para el control sindical del movimiento obrero. En efecto:
"ROCA significaba la gran excepción, la tremenda verruga que había interrumpido sin permiso en el mismo corazón del Baix llobregat, donde estaba localizado el proletariado tradicionalmente respetuoso con la estrategia sindical de la corriente mayoritaria de Comisiones Obreras" (Destino, 1977)"

Papel de los sindicatos y medios de comunicación
La postura adoptada por sindicatos y medios de comunicación durante la huelga de Roca refleja, con pocas excepciones, el modelo de gestión del conflicto instaurado en los años de la transición, y muestra fielmente quienes iban a ser a partir de entonces los sirvientes del Estado y de los intereses capitalistas. A este respecto, los aparatos sindicales pusieron en marcha su maquinaria de contro, y encuadramiento de los trabajadores para evitar iniciativas desestabilizadoras que pudieran poner en peligro su función de mediadores en el diálogo conciliador entre gobierno y oposición. Como observa Patricia Gabancho en Destino (2/01/77):
"El carácter general de las reivindicaciones de Roca, la converte en una lucha por los derechos de los trabajadores... la reforma en todo caso vería peligrar su viabilidad y junto a ella la posibilidad de elecciones y la legalización, tanto de las centrales sindicales como de los partidos. Este factor ha pesado dramáticamente sobre el conflicto de Roca. ¿Estabilizar la reforma o poner al desnudo sus contradicciones? La estrategia de las centrales sindicales ha condicionado todo el proceso poniendo en evidencia la supeditación de la lucha obrera a las cuestiones puramente electoralistas que las distintas formaciones políticas se planteaban en este momento... Ha quedado patente una estrategia sindical pactista del eterno "volver al trabajo y después negociar".
Los medios de comunicación cumplieron como "bomberos diligentes" al servicio de aquellos que veían sus intereses amenazados por aquellas formas de organización autónomas: los grandes grupos financieros y económicos (propietarios de estos medios) y las propias centrales sindicales. Con excepción de la CNT que desde el principio dio su apoyo a la huelga económicamente y a través de comités, las maniobras de las centrales para evitar la extensión del conflicto de Roca a otras fábricas y la imposibilidad que tuvieron de colocar a sus hombres en el comité de huelga explican a la perfección las razones de la campaña de desprestigio de la lucha de Roca, calificada de "huelga salvaje" por su carácter autoorganizado. La campaña se desarrolló fundamentalmente en aquellas fábricas en las que CCOO tenía una presencia mayoritaria, a través del boicot a los actos organizados por los trabajadores de Roca y del engaño basado en promesas posteriormente incumplidas. En todo caso, el objetivo princial de CCOO, USO y en algunos casos de la UGT (por ejemplo en la empresa Bru) era impedir que cuajase la huelga general en el Baix Llobregat los días 15 y 16 de febrero. Al parecer, una de las claves que impiedieron la extensión del conflicto a toda la comarca fue la firma del Convenio del Metal y la "buena disposición" hallada en los líderes obreros. Ya en el mes de diciembre, en un comunicado aparecido en El Correo Catalán (día 3), el Comité Federal del Metal amenazó con retirar su solidaridad y presionó a los trabajadores de Roca para que negociaran con la empresa, cuando estaba claro que era precisamente ésta la que no estaba dispuesta a negociar. El comunicado terminaba afirmando que la postura de los trabajadores abocaría a la miseria a miles de familias. A partir del 9 de noviembr, los delegados de CCOO dejaron de asistir a las asambleas de Roca para preparar la jornada del 12, otra de las muchas jornadas de movilización para apoyar al bloque de oposición democrática al gobierno; un ejercicio más de disciplina sindical. Sin embargo, CCOO se comprometió con posterioridad a realizar un llamamiento a la huelga general en el Baix Llobregat si se sustituía la comisión de despedidos por una formada por no despedidos, para negocial con la empresa en el caso de que ésta no aceptara la nueva comisión. No lo cumplió, Las maniobras de boicot para que los trabajadores de Roca no pudieran informar de la lucha en otra fábricas y empresas fueron múltiples: cambiar la ubicación de la asamblea (Hispano Olivetti), les impiden intervenir (FECSA), les interrumpen o ridiculizan, etc. Por si esto fuera poco, CCOO engaó a los trabajadores de Roca en Alcalá de Guadaira y en Alcalá de Henares en huelga de solidaridad con Gavá para que dejaran de producir, al informarles de que los trabajadores de Gavá se había reincorporado al trabajo. A lo largo de toda la huelga, tanto CCOO como USO pusieron como condición para ofrecer su solidaridad la imposición del voto secreto y el mantenimiento de los hornos encendidos: además negociaron a espaldas de la Asamblea de Roca con el Delegado Rovincial de Sindicatos y con el Gobierno Civil al desconvocar la manifestación del día 4 de enero.
Por fin, en cuanto a los medios de comunicación, también con algunas salvedades, su contribución al intento de aislar el conflicto de Roca fue esencial: con el silencio cuando era posible, y cuando no, a través de la deformación de la información. Definieron la huelga en términos de "salvajismo irracional"; optaron por el sensacionalismo; desterraron conceptos tales como autonomía obrera, asamblea, revocabilidad, etc... No utilizaron los comunicados de prensa distribuidos diariamente por la comisión de Roca y, en cambio difundieron informaciones de corresponsales o periodistas desplazados, publicando sólo los comunicados de la empresa (sobre el apagado indebido de los hornos, el atentado contra una delegación de Roca en Barcelona...), a pesar de que fueron desmentidos y Magistratura dio la razón a los obreros.

J.R. Oliva y A.J. Seweel, artículo extraído del libro Asalto a la fábrica. Luchas autónomas y reestructuración capitalista 1960-1990. coordinado por Francisco Quintana. Alikornio ediciones 2002.

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